La ‘ley Montoro’, que obligó a los ayuntamientos a aplicar una radical política de austeridad en sus cuentas, trajo con ella muchos recortes municipales pero también ha tenido al menos una consecuencia positiva: la deuda global de los municipios de las Islas se ha recortado a la mitad en una legislatura, según un informe del Ministerio de Hacienda.

En 2015, los municipios de las Islas sumaban un deuda global de 601 millones. Tres años después, a finales de la legislatura, la deuda ya se había reducido a 336 millones de euros, casi la mitad del montante total. La reducción media ha sido del 44 por ciento en las Islas, pero hay ayuntamientos que han saldado todo el dinero que debían a los bancos y se han quedado prácticamente con la deuda a cero. Es e caso de Campanet, Consell, Felanitx, Muro, Petra, Pollença, Sant Joan de Labritja, Santa Maria del Camí y Sineu.

En general, todos los municipios han reducido su endeudameiento. Solo ha aumentado en cinco ayuntamientos –Campos, Montuïri, Sencelles, Ses Salines y Valldemossa– y lo ha hecho por circunstancias extraordinarias.

Deuda de los ayuntamientos de Baleares

Pueblo
Alaró
Alaior
Alcúdia
Algaida
Andratx
Ariany
Artà
Banyalbufar
Binissalem
Búger
Bunyola
Calvià
Campanet
Campos
Capdepera
Es Castell
Ciutadella
Consell
Costitx
Deià
Escorca
Esporles
Estellencs
Felanitx
Ferreries
Formentera
Fornalutx
Eivissa
Inca
Lloret de Vistalegre
Lloseta
Llubí
Llucmajor
Maó
Manacor
Mancor de la Vall
Maria de la Salut
Marratxí
Es Mercadal
Es Migjorn Gran
Montuïri
Muro
Palma
Petra
Pollença
Porreres
Sa Pobla
Puigpunyent
Sant Antoni
Sencelles
Sant Josep de sa Talaia
Sant Joan
Sant Joan de Labritja
Sant Llorenç
Sant Lluís
Santa Eugènia
Santa Eulària des Riu
Santa Margalida
Santa María del Camí
Santanyí
Selva
Ses Salines
Sineu
Sóller
Son Servera
Valldemossa
Vilafranca de Bonany
Es Migjorn Gran
TOTAL

Consecuencias

La llegada de Cristóbal Montoro al Govern supuso un parón en la política de gasto municipal. Montoro limitó la capacidad financiera de los ayuntamientos, les dejó sin opciones de seguir endeudándose, les obligó a dejar de prestar lo que se conoce como «competencias impropias» –es decir, aquellas que ya prestan otras instituciones– limitó el número de altos cargos y asesores y, sobre todo, les obligó a destinar todo el posible superávit a amortizar la deuda que tenían con los bancos.

Es aquí, en esta obligación, donde se ha visto la cara y la cruz de los efectos de la ley: la deuda se ha reducido y los ayuntamientos ya no están alborde de la quiebra, pero, con las cuentas ya saneadas, muchos de ellos se encuentran ahora que no pueden prestar servicios ni hacer inversiones porque la ley sigue en vigor.

Las voces para que se derogue de una vez esta ley han ido en aumento en los últimos años y se espera que finalmente lo haga Pedro Sánchez en caso de que logre formar Gobierno. Las políticas de Montoro han afectado también a la situación financiera del Govern.

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