El exconseller de Turismo en el segundo Govern del Pacte y ex dirigente de Unió Mallorquina Francesc Buils ultima un pacto con la fiscalía anticorrupción para evitar ingresar otra vez en prisión por un supuesto desvío de fondos de su conselleria destinados al Auditórium de Porreres. El pacto ya está casi sellado y únicamente quedan por atar si Buils, el exalcalde de Porreres Bernat Bauzá y el exgerente del Inestur Antoni Oliver tienen que indemnizar al Govern con 380.00 euros o el Ejecutivo reclama esa suma al Ayuntamiento de Porreres por vía contencioso-administrativa.

La fiscalía anticorrupción solicitaba una pena de 6 años de cárcel para Francesc Buils, exconseller de Turismo en 2008 por Unió Mallorquina, por haber colaborado supuestamente en el desvío de fondos de su conselleria, en favor del exalcalde de Porreres Bernat Bauzà, también de UM. En la causa también figura acusado Antoni Oliver, que en esa época fue director gerente del Instituto de Estrategia Turística (Inestur). Anticorrupción reclamaba también seis años para Oliver y 9 años de privación de libertad para Bauzà.

Según el escrito de calificación provisional, Buils y Oliver firmaron en abril del 2008 un convenio entre el Inestur y la Fundación Auditorio de Porreres paa desarrollar un proyecto de artes escénicas.
Entre 2008 y 2009, y en virtud de ese convenio, el Govern entregó medio millón de euros al Ayuntamiento de Porreres, que este puso a disposición de la mencionada fundación.
Parte de los fondos se destinaron a realizar obras en el Teatro de Porreres, trabajos que el alcalde habría adjudicado sin concurso a la empresa Binid'Or, que ya había intervenido en esa construcción. De acuerdo con la fiscalía, el alcalde habría utilizado dinero del Govern para construirse una vivienda, que fue edificada por Binid'Or. Hoy Bauzá ha asegurado que se ha demostrado que él pagó su casa con fondos propios y rechazó haber usado dinero del Govern para esa operación.
La acusación postula que del medio millón entregado por Inestur no se ha justificado el destino de poco menos de 380.000 euros. El resto sí se dedicó a las obras.
La fiscalía reclamaba en consecuencia 380.000 euros de indemnización para el Govern.
El pacto que ya está casi cerrado conllevaría que ninguno de los tres acusados ingresara en prisión. Buils y Oliver ya han cumplido penas privativas de libertad. El primero ha destacado que está deseando acabar con las causas de corrupción, de las que ésta, una pieza separada del caso Voltor, sería una de las últimas.

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