La muerte y entierro de una vecina de 92 años de Porreres en uno de los nichos que se tenían que demoler para realizar la segunda fase de la exhumación de la fosa de la Guerra Civil provocará un retraso en el inicio de las excavaciones y, de rebote, ha abierto una crisis institucional entre la Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern y el Ajuntament del municipio.

La sepultura de la anciana ha sido posible al no haberse concluido por parte del Govern el expediente de ocupación temporal de la zona de nichos que se requería para demoler estas construcciones y continuar con la exhumación de la fosa, además de contarse con toda la documentación necesaria y por deseo expreso de la difunta. Ahora, y según la normativa de salud pública, el ataúd con la difunta no podrá ser trasladado hasta dentro de un año al tratarse de una muerte natural.

Al margen de la cuestión familiar, el caso ha supuesto un enfrentamiento entre las dos instituciones. Desde la Conselleria se culpabiliza al Consistorio de permitir el entierro de la vecina desoyendo una resolución del Govern en base a la ley de fosas que lo prohibía y que se registró a las 9.15 horas de este jueves, tres cuartos de hora antes de la ejecución del entierro. Ante este hecho, los servicios jurídicos del Govern estudian las medidas legales oportunas para depurar responsabilidades y garantizar el inicio de la segunda fase de la exhumación de la fosa lo antes posible. No se descarta acudir a los juzgados.

Por su parte, la alcaldesa Xisca Mora no salía de su asombro ante las acusaciones de la Conselleria. «En esos momentos difíciles tras la muerte de la vecina, he intentado convencer a la familia, pero por cuestiones que hay que respetar ellos han decidido enterrarla allí durante un año por deseo expreso de la difunta. Hasta he llegado a ofrecer una tumba del Ajuntament para evitar esta situación, pero no ha sido posible porque contaban con todos los permisos». Mora afirmó que «en todo caso, el retraso en el inicio de la segunda fase será tan solo de seis meses, porque el Govern todavía no había adjudicado la demolición de la zona de nichos».

En el centro de la polémica está la resolución de la Conselleria que obligaba al Ajuntament a prohibir el entierro de la vecina en su capilla. Y es que cuando se registró el documento en el Consistorio, la alcaldesa lo remitió a los servicios jurídicos municipales, que consideraron que la autoridad competente era el propio Govern como promotor de la iniciativa y no el Ajuntament.

En este sentido, la alcaldesa apuntó que «nosotros solo queríamos saber si se ajustaba a la legalidad, la resolución llegó a las 9.15 horas y desde ese momento intentamos buscar una solución que evitara toda esta desagradable situación». Mientras, a las 10 de la mañana de este jueves se procedía a dar sepultura a la vecina de 92 años de Porreres en su nicho.

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